Me cuesta imaginar lo que van a ser las próximas Navidades con los «precios en alza» y los «funcionarios sin paga extra«. La eliminación de la paga extraordinaria a los empleados públicos es una barbaridad y aunque el Gobierno nos «venda la burra» de que era «una medida necesaria» para reducir el déficit eso NO ES VERDAD

Veamos. Tenemos 4.000 millones de euros de reducción salarial «brutos», o sea «antes de descontar el IRPF y las cotizaciones sociales de los funcionarios». Con un tipo impositivo medio del IRPF del 30 % y un tipo de cotización del 6 %, el Estado abonando esta paga recaudaría unos 1. 440 millones entre impuestos y cotizaciones pero como la paga de Navidad se dedica casi de forma íntegra «al consumo» y ahora tenemos un IVA del 18% el Estado dejará de ingresar otros 610 millones por el IVA (la cuenta es 3,390 millones de compra base +18% IVA =4,000 millones). En resumen: la perdida de ingresos será de 1.440+610= 2. 050 millones de euros con lo que el ahorro neto real» será de tan solo 4.000-2.050 =1.950 millones de euros (la mitad del objetivo buscado) a cambio de las repercusiones que la «caída de la demanda» provocará en la actividad y en el empleo.

Teniendo en cuenta que todos los economistas están de acuerdo en que la «reactivación del consumo» es una condición imprescindible para la recuperación del empleo, está claro que eso de quitarles la «extra» a los funcionarios va a provocar una «gravísima caída» en las cifras de negocio de muchos establecimientos porque la «campaña de Navidad» y «las rebajas en enero» son las épocas de más gasto familiar y también el período de ingresos más importante en sectores del comercio, la hostelería, además de la actividad industrial y de los servicios. En muchos negocios el resultado de todo el ejercicio está condicionado a «este período excepcional» , que concentra una parte considerable de sus ventas y la eliminación de la paga extra de los funcionarios es el típico ejemplo de como el Gobierno vuelve a caer en el «simplismo» en sus decisiones económicas: nos dice cuánto va a reducirse el gasto público sin tener en cuenta «las repercusiones» que sus decisiones tienen en la actividad económica y en los propios ingresos públicos.