Monsieur Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu murió el 10 de Febrero de 1.755 pero su pensamiento permanece «muy vivo» en la actualidad. Gracias a él, los seres humanos comprendimos que era posible tener libertad, no como el resultado de nuestras virtudes ciudadanas, sino por algo tan simple como «la división de poderes«. Nos dejó dos frases memorables: la primera aquella de que: ”cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo” y la segunda que: «no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.

Gracias a su obra “El espíritu de las leyes” escrita en 1. 748 supimos que en cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo que debe encargarse de hacer las leyes, el poder ejecutivo que debe encargarse  de gobernar al país conforme a esas leyes vigentes y el poder judicial que debe encargarse de que todo el mundo respete esas leyes. Cada Poder deberia de ser totalmente independientes de los otros dos, es decir que las decisiones de uno no deberían poder ser invalidadas, anuladas o modificadas por ningún otro. 

Este fue el pensamiento que impregnó la Constitución Española de 1812 que diferenciaba claramente quién hacia las leyes, quién las ejecutaba y quién las aplicaba. Aquella Carta Magna definía el Poder Legislativo en su Art. 15 diciendo que: “La potestad de hacer las leyes reside en la Cortes con el Rey”, al Poder Ejecutivo en su Art.16 con eso de que : “La potestad de hacer ejecutar la leyes, reside en el Rey” y al Poder Judicial en su Art.17 con la aclaración de que  : «La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la Ley”. 

En la vigente Constitución Española de 1978 aún permanece aquel principio de la división de poderes cuando en su Artículo 117.1 nos afirma que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometido únicamente al imperio de la ley«, pero la misma no formula expresamente en ningún artículo concreto que tenga que existir una división de poderes de corte clásico y gracias a este «hueco legal» llegó a España don Felipe González Marquez y en 1985 decidió «matar a Monsieur Montesquieu» modificando la “Ley del Poder Judicial” y sustrayendo a los jueces la elección de sus 12 miembros en el CGPJ.Con esto nos cargamos en España los principios de Monsieur Montesquieu, esenciales en cualquier Estado de Derecho y desde que los vocales del CGPJ pasaron a ser elegidos por el Parlamento se certificó oficialmente en España el fallecimiento de Monsieur Charles Louis de Secondat. De hecho su vicepresidente en una época en la que el PSOE gozaba de «mayoría absoluta» nos certificó esta muerte oficialmente 

Tras aquella catástrofe empezó en España la interferencia de la política en la justicia. El CGPJ es el encargado de regular los ascensos de nuestros jueces, y al ser sus miembros elegidos por los políticos, puede ocurrir que a la hora de aplicar la ley, algunos Jueces y Magistrados tengan que soportar en sus espaldas un «yugo» que les podría condicionar para que algunos intereses politicos se pudieran ver beneficiados. 

Y eso a pesar de que un gran número de causas penales en España por procesos relacionados con «corrupción política» son llevados por Magistrados de gran valía profesional y ahí entra un segundo factor: no se trata solamente de «haber matado a Montesquieu«, es que la Justicia en España dispone de medios escasos  y esta situación favorece al imputado en un proceso, porque si el mismo se dilata, puede ocasionarse la prescripción del mismo. Un ejemplo muy evidente ha ocurrido con el caso de los «ERE falsos de Andalucía» con cerca de 300 personas investigadas a partir de enero de 2011 por la entonces magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla doña Mercedes Alaya. Aquella dama de hierro de la justicia española, con gran ahínco empezó aquel famoso caso y siempre admiraré su esbelta figura arrastrando «la maleta con las pruebas» para que nadie se las tocase.

Pero por una baja por enfermedad en Octubre de 2012 fue sustituida por el juez don Iván Escalera Reina , casualmente aquel juez era sobrino carnal de un histórico dirigente del PSOE de Sevilla (pero esto son casualidades de la vida). Luego entraron nuevos rostros como doña Ana Rosa Curra Rojo y don Rogelio Reyes Pérez y así fue dilatándose el proceso hasta que el 8 de Junio de 2015 el BOE publicó la sustitución definitiva de la juez Alaya por una juez de familia llamada doña María Núñez Bolaños, que- esta vez sí- ocasionó las quejas de doña Mercedes por ser, al parecer, amiga del consejero de Justicia andaluz don Emilio de Llera, pero esto tampoco tiene mucha importancia. Lo que sí la tiene es que con todo este «mareo de perdiz» aquella nueva jueza  tuvo que archivar las causas abiertas contra 12 imputados por haber prescrito sus delitos al transcurrir más de diez años desde que se les concedieron las ayudas.

A veces da la sensación de que en España a algún gobierno, o a algún partido político, le interesa que «no se tramiten con agilidad los procesos» y que estos languidezcan hasta que prescriban. ¿Por qué no se crean órganos especializados para este tipo de procesos, dotados con los medios humanos y materiales necesarios? o ¿por qué no se tipifican expresamente en el código penal los delitos de corrupción o blanqueo de capitales si estos están cometidos políticos para que no exista esa absurda figura del aforamiento? El caso de los EREs de Andalucía es solo una muestra de lo mal que funciona la Justicia en España. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

Al final el resultado es la inseguridad jurídica y el ciudadano medio español percibe a la Justicia como un poder que aplica distintos criterios y en función “de quien seas“. Por ejemplo, podrías ir a la cárcel si circulando a 91 Kms./h. por la M-30 ocasionas un accidente, o si le das un tortazo a tu hijo y el mismo te denuncia, o si te bajas unas fotos de Internet y resulta que las mismas vienen de fuentes pederastas (aunque sea por error), pero lo que sí está claro es que si en España, eres o dependes de un «político destacado» tienes muchas posibilidades de que la Justicia te trate bien.

También existe el caso contrario, y es que si eres alguien molesto tal vez te encuentres con problemas. Repasemos el caso que ocurrió el viernes pasado con el sindicato «Manos Limpias«, ahora en la picota por un presunto delito de extorsión y comprobando que a su secretario general don Miguel Bernard  lo han detenido. Estoy completamente seguro de que si la Justicia ha intervenido contra «Manos Limpias» es porque ha encontrado indicios suficientes para hacerlo pero no deja de resultarme chocante que se ataque en estos precisos momentos a un sindicato que está protagonizando en España procesos incómodos  y que no se tenga tanta diligencia con personas integrantes de la ‘Lista Falciani‘ o de los ‘Papeles de Panamá‘ que han puestos bajo lupa a muchos millonarios españoles con cuentas en el extranjero ocultas a Hacienda o que diseñan «ingeniería financiera» para defraudar a nuestra Agencia Tributaria» y además, es cosa sabida que muchos millonarios han depositado grandes sumas en los juzgados para evitar ir a la cárcel 

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Luego viene ese otro factor que se materializa en el circo televisivo de los «reallity shows» en directo con las detenciones de personajes políticos o famosos a golpe de escándalo. El caso más reciente lo hemos tenido esta semana con la operación montada por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) registrando la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y llevándose esposado y encadenado a su alcalde don José Torres Hurtado.Un espectacular despliegue, policial para luego, tras el registro de su vivienda llevarse al parecer solo su teléfono móvil y una tablet-según manifiesta el propio alcalde,- y para luego después soltarlo. ¿De verdad era necesario este numerito cuándo habría bastado mandar a ese alcalde una citación judicial? No sé si se quería dar un escarmiento ejemplar pero incluso la Fiscalía General del Estado, en un comunicado se ha desvinculado de esta detención añadiendo que, de momento no había nada que justificase ese arresto y registro domiciliario en el domicilio del señor Torres Hurtado.  

Con todas estas cosas que pasan en España, la ciudadanía no percibe ni a una mayor seguridad ni una justicia más justa y la pregunta es: «¿podemos resucitar» a Monsieur Montesquieu en España y recuperar la separación de poderes, esencial para que la justicia recupere su papel fundamental como tercer pilar de un Estado de Derecho?  

Me temo que no.Con el PSOE es imposible porque este partido fue quien defenestró a aquel barón.

¿Y con el PP? Pues hubo una vez una joven diputada que nos dijo «que lo iban a resucitar«. Aquella brillante joven defensora de Monsieur Montesquieu no era otra que nuestra actual  ilustre vicepresidenta en funciones doña Soraya Sáenz de Santamaría que en unas declaraciones al diario «El Mundo» (25-1-2012) nos afirmó que el PP devolvería a España la independencia a la Justicia 

Pero luego vimos que no fue así y con su mayoría absoluta el PP nos demostró que era un partido político que metía, ya que hizo una nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial repartiendose los cargos con el  PSOE e IU. 

Así es que, descartados estos tres partidos solo nos quedan como esperanza para resucitar a Montesquieu los nuevos partidos emergentes . ¿ Nos dan alguna esperanza?

«Podemos» es un partido que nos ha prometido que si llega a gobernar conseguirá para el sistema político español «la separación de poderes real y auténtica» pero yo sinceramente no les creo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque «Podemos» acaba de descubrir lo «suave» que puede ser en España el tratamiento de algunas causas políticas. Me refiero a la querella que «Manos Limpias» les presentó por unas presuntas subvenciones de los gobiernos de Irán y Venezuela. El resultado ha sido que nuestro Alto Tribunal  ha desestimado esta querella . Los motivos se basan en un razonamiento jurídico impecable: «no hay delito en una denuncia si la misma no aporta algún indicio de que su comisión pueda ser calificado como accesible y racional«. Lo malo es que este razonamiento es el mismo que hizo en el año 2011 el Pleno de la Audiencia Nacional cuando decidió revocar el procesamiento de tres altos cargos policiales imputados en el «caso Faisán«. Aquel asunto fue devuelto al juez Ruiz porque «no habían suficientes indicios» para sentar en el banquillo a aquellos acusados . No se si será por el resultado de esta buena experiencia pero el caso es que el equipo de «Podemos» no habla ahora mucho sobre la reforma de la justicia  

¿ Y quién nos queda? Pues solo el partido de «Ciudadanos«. El programa de Ciudadanos para la ultimas elecciones nos proponía en su Apartado 10.09 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que jueces y magistrados pudieran elegir por sufragio directo y secreto a sus doce representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo al leer ahora su «Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso»  firmado con el PSOE recientemente veo que en su pagina 55 se recoge en su «apartado 9.Reforma de la Justicia» y allí leo 14 medidas propuestas pero.. ¡oh decepción! En ninguna de ellas aparece el compromiso de una justicia independiente y despolitizada.

Así es que me temo que a Monsieur Montesquieu no lo vamos a poder resucitar en España por ninguno de los partidos que ahora se pelean por alcanzar el poder y por mi parte, solo me queda consolarme volviendo a ver aquella estupenda película de 1979 dirigida por Norman Jewison que se titulaba «Justicia para todos » y en la que se nos contaba la historia de un abogado de Baltimore (Al Pacino) que intentaba defender la causa de un condenado en un juzgado corrupto. Aquel film nos mostraba lo difícil que era obtener justicia en un mundo donde “los que tienen que impartir la justicia están vendidos al poder“.